Ayer en sesión ordinaria especial ratificamos el decreto de necesidad y urgencia que dictó el PE días atrás declarando la emergencia hídrica, social-comunitaria y agropecuaria para los departamentos de Alberdi, La Cocha, Graneros y Simoca.
Se escucharon varias opiniones sobre la situación crítica que está viviendo la provincia. Se celebraron, en el recinto, obras de infraestructura como el Dique El Naranjal que vendría a prevenir inundaciones en el departamento Chicligasta, pero contrastando esto con lo que hoy es la zona más crítica a pesar de tener como regulador al Dique Escaba, queda claro que si no existe un mantenimiento del lecho del cauce y de canales de nada nos vale hacer obras millonarias en las altas montañas.
En 2016 instamos en reiteradas oportunidades a funcionarios del PE a que en el seno de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales comparezcan para que veamos junto a Comisionados Comunales e Intendentes de las zonas afectadas cuáles eran los trabajos proyectados o que se estaban ejecutando para prevenir los desastres y no obtuvimos respuesta favorable. No vino nadie.
Se habló de milimetraje efectivamente caído, de caudales, de cambio climático y se dan otras excusas más para explicar lo ocurrido y mitigar responsabilidades, lo cierto es que hay una falta de voluntad política de abordar la problemática. Tucumán tiene épocas en las que el agua inunda como lo que está pasando hoy y épocas en las que los productores tienen que disputarse el recurso para el riego. Esto obedece a la impotencia de los órganos competentes de ejercer las atribuciones que les corresponde.
No podemos adoptar como hábito el que la provincia se inunde cada año, necesitamos un Estado bien estructurado y eficiente que morigere de los perjuicios del agua y aproveche sus beneficios; ambos objetivos en una equitativa y racional ponderación lo que exige que se estudie a fondo a cuáles obras se dará prioridad. Esa es la planificación hídrica que está haciendo falta. Las circunstancias actuales configuran una oportunidad clave para quienes detentan la administración y los órganos políticos de gobierno de avanzar en este tema y aportar soluciones concretas en materia de inundaciones.
