Solicitamos informes al Ministerio de Seguridad por la gravísima situación de colapso respecto al alojamiento de detenidos en dependencias policiales de la provincia, y los numerosos casos de fugas y motines que esto generó durante el año en curso. Al día de hoy llevamos la suma de al menos 20 fugados en diferentes hechos de evasión ocurridos en las comisarías 5°, 9°, 11° y en la situada en Los Aguirre. Muchos de ellos con frondosos prontuarios y peligrosos para la comunidad, incluso algunos acusados o condenados por homicidios.
A este alarmante contexto debemos sumarle los cada vez más frecuentes y violentos motines ocurridos en nuestra provincia, entre los que podemos destacar a los recientemente producidos en la comisaría de Yerba Buena y en la dependencia 10°, consecuencia del desborde y sobrecapacidad en la que esas instalaciones se encuentran.
Todo esto acontece en el marco de una fracasada emergencia carcelaria vigente desde 2016, que solo fueron promesas de construcción de nuevos institutos penales y mejoramiento masivo de la estructura de encarcelamiento en general. Nada de esto se cumplió, y lejos de mejorar, la situación empeoró al tener más detenidos que en ese momento, contando con la misma capacidad. Las comisarías de nuestra provincia están en condiciones de alojar solo a 400 detenidos, y actualmente tienen a su cargo a más de 1300. Con estos números es predecible que las fugas, motines, y conflictos derivados de esto continúen e incluso se agraven, debido a que el Penal de Villa Urquiza también se encuentra un 30% sobrepasado en su capacidad.
