Desde el Bloque PJS instamos al Presidente Fernández para que, en uso de las facultades conferidas por la el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 26.093 de “Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles”, prorrogue la misma en virtud de su inminente pérdida de vigencia en Mayo del corriente año, ello en salvaguarda del desarrollo y las economías regionales.
Desde que se implementó la Ley 26.093, Tucumán se vio beneficiada directamente ya que trajo la posibilidad de dar valor agregado a la manufactura de la caña de azúcar. Nuestro país cuenta con 23 ingenios, 20 de los cuáles se encuentran en el NOA y 15 en Tucumán. De los 20 ingenios distribuidos en el NOA, 16 cuentan con destilería, y 10 pueden fabricar alcohol anhidro.
Los beneficios de esta norma se vieron truncados por los vaivenes de la economía y el sector viene atravesando una fuerte crisis en los últimos años. De las 54 plantas de biocombustibles que se iniciaron a partir de 2006, luego de la sanción de la Ley 26.093, actualmente hay 35 que están paradas y con el personal suspendido. De este total, 28 son plantas de biodiesel, que están frenadas desde hace 4 meses, y 7 de bioetanol de maíz.
Al día de la fecha existe un grado de incertidumbre sobre la continuidad del Régimen de Promoción, ya que pese a haber tenido media sanción la prórroga de dicha ley en el Senado, la Cámara de Diputados no se ha manifestado sobre el tema.
La ley de biocombustibles no sólo contribuye a un desarrollo económico y social sino también a un desarrollo sostenible, porque incluir el bioetanol en el corte de las naftas también significa apostar por energías limpias y contribuir a un ambiente sano y equilibrado.