En la Legislatura aprobamos la adhesión al Art. 5 de la Ley Nacional N°27.541 de congelamiento de cuadros tarifarios. Era totalmente inoportuno, inadecuado e injusto el incremento en las tarifas de los servicios, sobre todo en esta época de pandemia donde la actividad productiva, comercial y de servicios pasa por una situación tan complicada.
Este tema no merecía otro final que la suspensión del aumento. Si no daba marcha atrás el Ersept en esto que fue una actitud totalmente funcional a las empresas prestatarias de servicios, la Legislatura sancionando una norma le iba a poner un alto para frenar esta intentona de seguir castigando al bolsillo de los usuarios y de las familias tucumanas.
El ERSEPT y quienes conforman su directorio deben tener claro el rol que cumplen. Son investidos de poder por un acto administrativo complejo, los propone el Ejecutivo y la Legislatura brinda acuerdo, para que sea un ente controlante de las empresas que prestan los servicios públicos. Evidentemente cayó en una actitud funcional que traiciona la naturaleza misma del ente, la cual consiste en controlar la calidad de los servicios y defender a los usuarios en el marco de su actividad de contralor que ejerce sobre las empresas.
La sociedad nos reclama recuperar los valores y es testigo de un Poder Legislativo que reivindica los principios de la justicia social, la equidad, la razonabilidad y la igualdad ante la ley. Estoy totalmente convencido que aprobamos una norma que proteje a todos los tucumanos.
