Las usurpaciones en todo el país y particularmente en nuestra provincia es un problema estructural y creciente. Esta situación se agrava frente a la imposibilidad práctica de los propietarios de inmuebles para accionar judicialmente para evitar el despojo, turbaciones y más afectaciones a su legítimo derecho de propiedad, prerrogativa que está consagrada en nuestra Constitución Nacional.
Sin dejar de reconocer el problema social que afecta a muchos en cuanto al acceso a la vivienda, somos conscientes también que dicha deuda no se resuelve en absoluto con conductas ilícitas ni con un Estado distraído y negligente.
En este entendimiento y sabiendo que se necesitan herramientas legales ágiles y concretas para los que están sufriendo el flagelo de las usurpaciones a sus propiedades, se propone este proyecto a fin de dar una respuesta efectiva y rápida, ya que los propietarios no encuentran instrumentos adecuados para poder defenderse y es de público conocimiento que las denuncias y causas por usurpaciones en nuestro poder judicial se adormecen en la letanía de una burocracia que deja en total desamparo a la víctima del delito de usurpación.
