Hoy la Legislatura declaró la emergencia en el servicio de transporte público de pasajeros en Tucumán. El Poder Legislativo ha estado involucrado en la materia, ya en el 2015 prorrogó la concesión. Nosotros este año, en esta nueva conformación, hemos extendido esa prórroga a través de la Ley N° 9.081. Es decir que se viene trabajando en prórroga, ahora en emergencia. Pero si aplicamos la misma receta vamos a obtener siempre los mismos resultados:
1) Es sabido que nuestra provincia ha crecido demográficamente y basta con hacer una observación preliminar sobre el servicio de transporte público de pasajeros para ver que las líneas muchas veces no satisfacen la demanda de los usuarios en el traslado hacia los distintos puntos de la provincia.
2) Las unidades que circulan incumplen la Ley 22431 y la Ley Provincial 8625 que se refieren a la gratuidad del viaje para las personas que tienen el certificado de discapacidad en todo el radio de la Provincia. Así, hay empresas que establecen cupos para el acceso a este beneficio en forma arbitraria, otras no disponen de equipamientos adecuados para los pasajeros con discapacidad.
3) Existen también empresas que trasladan personas en forma inadecuada, muchas veces paradas en trayectos que superan los 5km, y que de esa manera incumplen la normativa de seguridad que establece la Ley 24.449 por la cual las unidades de media, corta y larga distancia deben llevar tantos pasajeros como asientos cuenta la unidad.
Es deber del Estado asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos a fin de contribuir a mejorar la dignidad y la calidad de vida de los habitantes. Por ello, considero que es hora de que empecemos a tener una política decidida y determinante en la materia, a fin de que podamos garantizar un servicio de calidad y que ese goce sea efectivo para todos los usuarios.
